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“El gobierno no tiene políticas públicas para atender la tragedia que viven los jubilados y pensionados en Yaracuy”

 

       Prensa Convergencia (Milagros Parra) 30/03/2017 11:00pm

A la fecha, más de 872 educadores desincorporados sufren “discriminación” en el estado; denuncio el Concejal de Unidad, Francisco Lucena en rueda prensa.

Para Lucena, quien además es profesor jubilado del ministerio de educación, la denuncia que hace tiempo tiene el gremio, es la terrible situación de exclusión por parte del ejecutivo nacional y regional; “El gobierno niega el pago del bono para alimentación y medicinas aprobado por la Asamblea Nacional. Así es que cada mes el Gobierno Bolivariano roba a cada jubilado 20.100 bolívares, pues la ley establece que la cesta ticket corresponde a 67 Unidades Tributarias”. 

En este mismo orden de ideas menciono que actualmente según el SENDA, una familia de 5 integrantes necesita de 18,3 sueldos mínimos para poder cubrir los gastos mensuales, en comparación con el pírrico beneficio de cesta tickets “socialistas”, publicado en gaceta Nº 6226.

Comento que, en la actualidad, no se le está dando debido cumplimiento a la cláusula que indica, pasado los 25 años de servicio en educación, el legítimo derecho a solicitar la desincorporación.

“184.525,00 Bs necesita un pensionado para sobrevivir un mes en Venezuela”.

El concejal expresó con preocupación la carente calidad de vida, llegado el momento del retiro para los venezolanos, a su juicio el gobierno no es capaz de reaccionar ante la difícil situación de desnutrición, producto de las malas políticas económicas, sociales y alimenticias actuales.

“la Canasta Básica, se ubica en los 922 mil 625 Bs, lo que equivale a un incremento del 10% desde enero hasta febrero del año en curso, mientras que desde el año pasado (2016), el incremento es del 421,3%” explicó.

“Para cubrir los gastos básicos, un pensionado necesita 184.525 bolívares mensuales para sobrevivir” enfatizó Lucena, al tiempo que agregó, “Las medicinas también son un problema, cada día la situación es más crítica y esto supone una disminución de hasta 15 años en la expectativa de vida, para un adulto mayor en el País.

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