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Saudy Rodríguez: Debió iniciarse un juicio penal en contra de los magistrados

Debio

Prensa Convergencia (Milagros Parra) 06/04/2017

Saudy Rodríguez vocero del comando unitario por Un Nuevo Yaracuy hizo un llamado a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ya que a su juicio,  el anuncio del rompimiento del hilo constitucional debió haber iniciado simultáneamente un procedimiento penal contra los siete magistrados que conforman la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por haber cometido un delito de rebelión contra uno de los poderes públicos, como lo es la Asamblea Nacional.

Agregó que “Comete ese delito cuando a través de dos sentencias, la 155y 156, asumen la facultad que tiene la Asamblea Nacional” al tiempo que agregó, “abogan un derecho inconstitucional que nunca han tenido, como es, asignarles a otros poderes públicos cualquier decisión que ellos crean conveniente”, indicó. 

En otro orden de ideas, Rodríguez manifestó que “la rebelión la cometieron ellos, ya que, es evidente cuando el presidente de la República en un mensaje inusual debido que fue a las 12:20 de la madrugada del día sábado, cuando hizo el llamado a un consejo nacional de defensa, para que realizaran un exhorto al Tribunal Supremo, con el fin de reformar las decisiones alejadas de la justicia que debe permanecer en dicho órgano”, aseveró el Coordinador del Comando Unitario de Profesionales y Técnicos Por Un Nuevo Yaracuy, Saudy Rodríguez

Indicó que, “junto a este grupo de colegas, denunciamos públicamente y hacemos un exhorto desde el estado Yaracuy, a la fiscal general de la República, para que inicie de forma inmediata un enjuiciamiento a los siete magistrados, que agredieron al pueblo de Venezuela rompieron el hilo constitucional y configurando un golpe de estado unido a las crisis que reina en el país”.

En cuanto al contenido de las sentencias, estas establecen el otorgamiento de poderes al presidente de la República, donde se le da una facultad de legislar sin limitación alguna a los fines de enjuiciar a la propia sociedad civil, igualmente la inmunidad parlamentaria es un privilegio que tiene   a la Asamblea Nacional, que se les otorga desde la proclamación del CNE, y el TSJ en esas sentencias se les suspende ese derecho constitucional. También destaco la iniciativa de los profesionales y técnicos, de consignar ante el Ministerio Publico un documento solicitándole a la Fiscal General de la República, que active a los fiscales del ministerio público, a fines que se inicien los procedimientos penales respectivos.

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